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Oficial de Información Pública

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La Constitución de la República en el Artículo 245 establece que el Presidente de la República tiene a su cargo la Administración General del Estado. 

No obstante, no existía institución del Poder Ejecutivo que se encargue del diseño, implementación y supervisión del cumplimiento de una política pública con enfoque de derechos humanos que permita prevenir e identificar riesgos y amenazas para el ejercicio o goce de los derechos humanos, así como para la promoción y defensa de los derechos humanos, por medio de una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Los derechos humanos están reconocidos en la Constitución, las Leyes y Tratados Internacionales y una vez que se ratifica un Tratado Internacional también el Estado expresa su consentimiento para establecer obligaciones jurídicas que se derivan del mismo y se compromete a cumplir.

En ese sentido, el Estado debe tomar medidas en determinadas situaciones, o en otros casos, abstenerse de actuar de determinada forma, a fin de promover, proteger y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

Para que los derechos humanos sean efectivamente garantizados se requiere disponer de mecanismos que aseguren su aplicación, por medio de una institución que de manera especializada y responsable asuma los mismos.